Introducción: Una pregunta incómoda, pero necesaria
En el ejercicio de la abogacía penal, especialmente en casos relacionados con delitos sensibles como la violencia de género, es frecuente escuchar una pregunta que, aunque incómoda, debe abordarse con seriedad:
¿Por qué alguien querría defender a un denunciado por violencia de género?
A primera vista, puede parecer que hacerlo es estar en contra de las víctimas o de la lucha contra este grave problema social. Nada más lejos de la realidad. Defender a una persona acusada no significa negar la existencia de la violencia de género, sino proteger uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia no es un privilegio, es un derecho
En una democracia, toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este principio jurídico básico no debe desdibujarse, ni siquiera (o especialmente) en contextos tan delicados como las denuncias por violencia de género.
La legislación española, a través de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha dado pasos importantes para proteger a las víctimas. Sin embargo, también es cierto que la ley puede ser mal utilizada, y en esos casos, el sistema judicial debe responder con objetividad y rigor.
Denuncias falsas: una minoría, pero con efectos devastadores
Es fundamental subrayar que la gran mayoría de las denuncias por violencia de género son verídicas y están fundadas. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial así lo indican año tras año.
Sin embargo, también es cierto que existen denuncias falsas o infundadas, aunque sean minoría. Y estas tienen consecuencias graves: no solo para la persona injustamente denunciada, sino también para el propio sistema de justicia y, sobre todo, para las verdaderas víctimas.
Como nos comentó una clienta, víctima real de violencia de género:
“También es importante archivar las denuncias falsas, para que podamos investigar mejor las verdaderas.”
Cada denuncia sin fundamento que se tramita consume recursos, tiempo judicial, peritos, fiscales, juzgados y equipos de atención a la víctima. Y todo eso, en última instancia, ralentiza o entorpece la atención a las víctimas reales.
¿Es lo mismo falta de pruebas que denuncia falsa?
Un error común es confundir una denuncia archivada o una sentencia absolutoria con una denuncia falsa. Son cosas muy distintas.
Una denuncia falsa implica que la denunciante miente deliberadamente y que existen pruebas que así lo acreditan.
Una denuncia sin pruebas suficientes puede haber sido presentada de buena fe, pero no ha podido ser demostrada en juicio.
Lo que defendemos los abogados penalistas no es que todas las denuncias sean falsas, sino que toda persona denunciada tenga derecho a una defensa efectiva y a que su caso se valore con objetividad
¿Y si la denuncia es cierta? También hay límites
Incluso cuando existen indicios sólidos de un delito, el papel del abogado defensor sigue siendo fundamental. No para negar lo ocurrido, sino para asegurar que:
No se vulneren derechos procesales del acusado.
Se respete el principio de legalidad y proporcionalidad de la pena.
Se apliquen correctamente los beneficios penitenciarios, si corresponde.
Se valoren posibles circunstancias atenuantes, como adicciones, trastornos o arrepentimiento.
Lejos de lo que algunas personas creen, el abogado defensor no está para “sacar culpables”. Su función es garantizar que el procedimiento se lleve a cabo con todas las garantías, y que nadie sea condenado sin pruebas suficientes.
En muchos casos, una defensa firme evita condenas injustas, detenciones innecesarias, y medidas cautelares desproporcionadas. Y eso es también proteger los derechos humanos.
Caso real: cuando la justicia funciona
Conclusión: justicia para todos, no para unos pocos
Defender a una persona acusada de violencia de género no significa estar en contra de las víctimas, sino a favor de la justicia. Una justicia que debe ser imparcial, rigurosa y basada en pruebas, no en prejuicios o presiones mediáticas.
Cada vez que evitamos una condena injusta, no solo protegemos a esa persona, sino que fortalecemos la credibilidad del sistema y mejoramos la protección real a quienes sí son víctimas.
Porque si la justicia no es para todos, entonces no es justicia.
